Por: Fernando Piña
La regularización de los haitianos en la República Dominicana tiene que iniciar exigiéndole al Estado haitiano que fortalezca y modernice su registro civil, el cual debe ser capaz de dotar a sus ciudadanos de documentos oficiales legítimos.
Sin identidad legal reconocida, ningún nacional haitiano puede optar dignamente por una visa de trabajo, estudiante, turista o negocios, ya sea en la República Dominicana o en cualquier otro país del mundo.
Durante años, Haití ha sido víctima de un colapso institucional progresivo. La falta de gobernabilidad, el debilitamiento de las estructuras estatales y la inseguridad generalizada han provocado una profunda crisis humanitaria. En este contexto, millones de haitianos viven sin actas de nacimiento, cédulas o pasaportes, lo que los convierte en ciudadanos invisibles y vulnerables.
El Estado haitiano, prácticamente colapsado, ha sido incapaz de garantizar los derechos más básicos de sus ciudadanos. El control de importantes zonas del país ha pasado a manos de bandas armadas, lo que ha dificultado aún más el funcionamiento de las instituciones públicas. En particular, el registro civil haitiano es débil, inaccesible y muchas veces corrupto, dejando a cientos de miles de personas sin forma de probar su identidad.
Ante esta realidad, la comunidad internacional, incluyendo a organismos como la ONU, la OEA y países amigos de Haití, debe asumir un compromiso más serio y coherente.
La ONU debe encabezar un proceso de modernización del sistema de registro civil haitiano, dotándolo de tecnología, personal capacitado y mecanismos de supervisión. Solo así se puede empezar a garantizar que los haitianos sean tratados como ciudadanos, con nombres y apellidos certificados por su propio país, tal como manda la dignidad humana.
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha sido enfático y consistente al advertir que la solución a la crisis haitiana no puede recaer sobre la República Dominicana. Ha insistido en múltiples foros internacionales que la comunidad internacional no puede continuar mirando hacia otro lado mientras Haití se desintegra. “La única solución sostenible para Haití es una solución dentro de Haití”, ha dicho Abinader, con razón.
La política migratoria dominicana debe estar basada en el orden, la legalidad y el respeto a los derechos humanos, pero también en la soberanía y el control de nuestras fronteras. No se puede pretender que un país como la República Dominicana, con recursos limitados y retos propios, asuma el peso del colapso de un Estado vecino.
La regularización de los haitianos debe ser un proceso serio, legal y humano, pero tiene que comenzar en Haití, con un Estado que asuma su rol, dote de identidad a sus ciudadanos y colabore con los países receptores. Mientras esto no ocurra, toda política migratoria será un parche temporal que no ataca la raíz del problema.
La República Dominicana tiene derecho a proteger su soberanía, su territorio y su orden interno, pero también tiene el deber de abogar porque los haitianos sean tratados como lo que son: seres humanos dignos, empezando por su propio país.
