DISTRITO NACIONAL
El Senado aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que introduce cambios significativos al régimen disciplinario de los agentes, establece nuevos controles sobre el uso de la fuerza y prohíbe la asignación permanente de policías para servicios de seguridad privada.
La pieza legislativa fue respaldada por 24 de los 27 senadores presentes durante una sesión que se prolongó hasta altas horas de la noche, luego de que el informe favorable de la comisión correspondiente fuera incorporado al orden del día.
Entre las principales novedades figura el fortalecimiento del régimen de sanciones disciplinarias. El proyecto amplía las faltas consideradas muy graves e incorpora como causales de destitución el uso excesivo de la fuerza, el empleo de armas no autorizadas, facilitar la fuga de detenidos, participar en actividades político-partidarias desde la institución y cometer irregularidades en procesos de ascensos o contrataciones públicas.
Asimismo, la propuesta establece que las faltas muy graves de primer grado serán castigadas con la destitución del agente, mientras que las de segundo grado conllevarán suspensiones sin disfrute de sueldo de hasta 120 días. Las infracciones graves y leves serán sancionadas con descuentos salariales.
Otro de los cambios más relevantes es la regulación del uso de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional. El texto dispone que solo podrá emplearse cuando resulte estrictamente necesario y bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, será obligatorio que los agentes utilicen cámaras corporales activadas durante sus intervenciones, al tiempo que reconoce el derecho de los ciudadanos a grabar los procedimientos policiales. También prohíbe los registros motivados por prejuicios relacionados con la raza, etnia, apariencia física o identidad de género, y exige reportes antes y después de los operativos realizados en horario nocturno.
La iniciativa también elimina la práctica de asignar policías de forma permanente a personas o entidades privadas. De acuerdo con el proyecto, los agentes solo podrán prestar servicios de protección a instituciones públicas, como ministerios y empresas estatales. Quienes autoricen o mantengan asignaciones fuera de esos casos podrán enfrentar sanciones disciplinarias, administrativas, civiles e incluso penales.
Durante la presentación del informe, el senador Franklin Romero explicó que la reforma reorganiza la estructura de la institución en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, además de introducir cambios en el sistema de patrullaje y en la formación académica de los miembros de la Policía Nacional.
El proyecto continuará ahora su trámite legislativo con el conocimiento en segunda lectura antes de pasar a la Cámara de Diputados, si recibe la aprobación definitiva del Senado.
