En una sociedad democrática, los destacamentos policiales deberían ser espacios destinados a proteger los derechos ciudadanos, preservar el orden público y garantizar la seguridad. Sin embargo, en República Dominicana, hay una inquietante realidad que contradice esa función: algunos destacamentos han mutado en centros de represión, intimidación y, en casos como el reciente del periodista Edward Ramírez, en verdaderos centros de secuestro encubierto.
Ramírez, coordinador de El Nuevo Diario TV, desapareció por más de 36 horas, generando una ola de preocupación entre familiares, colegas y ciudadanos. ¿La razón? Fue detenido y retenido sin explicación ni registro formal en el destacamento de Naco, donde se le mantuvo incomunicado, sin acceso a un abogado ni contacto con su familia. Todo esto sin una orden judicial y en violación flagrante de sus derechos fundamentales.
Este caso revela una práctica peligrosa y lamentablemente frecuente: la detención arbitraria bajo la sombra del silencio institucional, donde los ciudadanos desaparecen de forma temporal en manos de autoridades que deberían protegerlos. No se trata de un hecho aislado. Varios informes y denuncias han evidenciado cómo ciertos destacamentos actúan al margen de la ley, manteniendo personas detenidas sin procesos claros, en condiciones degradantes, e incluso exigiendo pagos para ser liberadas. Eso tiene un nombre: secuestro, y es un delito, no una “práctica administrativa”.
Lo más alarmante es el silencio de las autoridades responsables. ¿Cómo es posible que un ciudadano —y más aún un periodista reconocido— pueda ser privado de libertad sin dejar rastro, sin que sus superiores lo informen, sin que el sistema lo registre? ¿Cuántos dominicanos sin cámara o micrófono han pasado por lo mismo sin que nadie se entere?
El caso Edward Ramírez debe ser un punto de inflexión. No basta con que haya sido liberado; se necesita una investigación seria, sanciones a los responsables, y sobre todo, una reforma profunda del sistema policial, que incluya vigilancia real a los destacamentos, protocolos de registro obligatorios, y respeto absoluto a los derechos humanos.
Permitir que los destacamentos se conviertan en cuevas de atropello y abuso es una traición a la promesa de seguridad ciudadana. Hoy fue un periodista, mañana puede ser cualquiera de nosotros.
No es la primera vez que el destacamento de Naco queda en el centro de la indignación pública. En abril de 2022, el joven David de los Santos fue detenido allí y, tras ser entregado a sus familiares con signos evidentes de violencia, murió días después en un hospital.
El caso estremeció al país y puso en evidencia las graves fallas estructurales dentro de ese recinto policial. Que tres años después otro ciudadano —esta vez un periodista— haya sido privado de libertad en el mismo lugar, sin registro ni justificación, confirma que la impunidad ha echado raíces profundas y que las lecciones no han sido aprendidas.
