El proyecto de Nuevo Código Penal de la República Dominicana continúa generando un amplio debate nacional, dividido entre sectores que lo consideran un avance necesario para la justicia y otros que lo ven como un retroceso en derechos fundamentales.
Tras años de intentos fallidos, esta propuesta legislativa ha logrado avanzar en el Congreso, pero no sin polémicas, especialmente en temas como los derechos de las mujeres, la corrupción y los crímenes de odio.
Críticas: ¿Retroceso en derechos?
Uno de los principales focos de crítica al nuevo Código Penal es la exclusión de las tres causales para permitir el aborto: cuando la vida de la madre está en peligro, en casos de violación o incesto, y cuando el feto es inviable. Organizaciones feministas, sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han señalado que dejar fuera estas excepciones viola derechos humanos fundamentales y criminaliza a mujeres en situaciones extremas.
Además, se ha cuestionado la falta de tipificación clara de los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. Para muchos defensores de derechos humanos, esto refleja una omisión grave en una sociedad donde los casos de violencia contra personas LGBTQ+ siguen ocurriendo.
También se ha advertido que algunas disposiciones del código podrían debilitar la lucha contra la corrupción, por ejemplo, reduciendo los plazos de prescripción de ciertos delitos o eliminando sanciones administrativas que ahora quedarían impunes.
Apoyos: avances en seguridad y justicia
Por otro lado, sectores conservadores, líderes religiosos y algunos juristas han defendido el nuevo Código Penal por considerarlo una herramienta más moderna y adecuada a las necesidades actuales del país.
Entre los aspectos que generan respaldo están:
- La penalización del sicariato, el feminicidio, la violencia intrafamiliar y el crimen organizado, con sanciones más severas.
- La tipificación de delitos cibernéticos, que responde a los nuevos desafíos tecnológicos.
- El endurecimiento de penas para delitos sexuales, robos agravados y tráfico de personas.
Desde el Congreso y el Poder Ejecutivo, se ha defendido que el código actual está obsoleto y que esta reforma representa un paso necesario para modernizar el sistema penal dominicano.
El Congreso Nacional remitió al presidente Luis Abinader el proyecto del Nuevo Código Penal, aprobado recientemente por ambas cámaras legislativas. Con este paso, la pieza entra en la fase final del proceso legislativo, donde el mandatario tiene un plazo constitucional de 10 días hábiles para promulgar la ley o devolverla con observaciones al Congreso.
Esta decisión se produce tras años de debates y múltiples intentos fallidos de modernizar el marco penal vigente desde 1884.
El envío del Código al Poder Ejecutivo ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores sociales y políticos piden su promulgación inmediata por considerarlo un avance en materia de seguridad y justicia, otros exigen al presidente que observe la ley, debido a la exclusión de temas sensibles como las tres causales del aborto y los crímenes de odio.
La respuesta del presidente Abinader será determinante para definir el rumbo de una de las reformas legales más discutidas en la historia reciente del país.
