SANTO DOMINGO.- En la medida de coerción que conoce la jueza Ysis Muñiz contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presunto soborno, la defensa técnica ha presentado dos incidentes.
El primero busca que el procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sea apartado del proceso, mientras que el segundo persigue la nulidad del documento de solicitud de coerción, bajo el argumento de que ni Camacho ni la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, tendrían competencia para dirigir la investigación.
La defensa sostiene que, por tratarse de un fiscal, la investigación debió estar a cargo del procurador de corte, José del Carmen Sepúlveda, como el funcionario competente para el caso.
No obstante, el Ministerio Público considera que este tipo de planteamientos no es nuevo en los tribunales dominicanos.
De acuerdo con precedentes, estas solicitudes han sido rechazadas de manera reiterada, bajo el criterio de que el Ministerio Público es un órgano único e indivisible, conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, lo que permite que cualquiera de sus representantes actúe en nombre de la institución.
La jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, está conociendo la tarde de este martes la medida de coerción contra el fiscal, imputado por supuestamente haber recibido un soborno de US$10,000 mediante una entrega controlada del Ministerio Público.
La Fiscalía solicita que Valdez Alcántara sea enviado a prisión preventiva mientras continúa con la investigación.
Según el documento de solicitud de coerción, el fiscal exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y un Mercedes Benz 350 o 450.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles. “Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”.
“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción”, dijo Yeni Berenice Reynoso.
La negociación la habría hecho el funcionario del órgano acusador con Roberto Canaán, uno de los vinculados que pasó a ser testigo del órgano acusador en el Seguro Nacional de Salud (SeNasa).
El miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lleva más de un mes detenido, debido a varios aplazamientos en el conocimiento de la medida de coerción y a la recusación presentada por su defensa contra la jueza Muñiz, lo que ha impedido la celebración de la audiencia.
A 38 días de su detención, quien fue detenido el pasado 27 de marzo, se espera que finalmente la magistrada pueda conocer la medida
