Con la disolución del parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Argumentó que “esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y consideró que “esta es la mejor decisión posible que nos abre el camino para recuperar la esperanza, la tranquilidad”.
Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
La decisión se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
