CÓDIGO INFORMATIVO, SANTO DOMINGOEl Gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha anunciado este martes la eliminación de tres instituciones del aparato estatal mediante un decreto. La medida, que se enmarca dentro de la política de reestructuración y eficiencia administrativa, busca simplificar la burocracia y mejorar el manejo de los recursos públicos.
Instituciones eliminadas
El decreto afecta a las siguientes entidades:
1.Comisión Nacional de Ética Pública (CNEP): Esta institución, creada para velar por la ética y la transparencia en la administración pública, será absorbida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que asumirá sus funciones.
2.Comisión Nacional de Fronteras: Esta comisión se encargaba de la coordinación y ejecución de políticas relacionadas con la gestión y control de las fronteras del país. Sus competencias pasarán al Ministerio de Defensa, que centralizará las acciones de seguridad fronteriza.
3.Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF): Dedicada a promover el desarrollo en las zonas fronterizas, la eliminación de esta institución implica que sus programas y proyectos serán transferidos al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Objetivo de la reestructuración
El presidente Abinader destacó que la eliminación de estas instituciones responde al compromiso del Gobierno con la eficiencia y la reducción del gasto público. “Es un paso hacia un Estado más moderno y eficiente, eliminando duplicidades y enfocándonos en la calidad del servicio al ciudadano”, señaló el mandatario.
Según fuentes oficiales, con esta medida se espera reducir costos operativos, optimizar los recursos y mejorar la efectividad en la implementación de políticas públicas. La reestructuración forma parte del Plan de Reforma del Estado, el cual contempla la eliminación o fusión de varias entidades innecesarias.
Impacto de la decisión
Analistas consideran que la eliminación de estas instituciones puede generar ahorros significativos al Estado, aunque también advierten sobre la necesidad de una transición ordenada para que los servicios no se vean afectados. Se espera que en los próximos días se publiquen detalles adicionales sobre cómo se llevará a cabo la transferencia de competencias y la redistribución del personal.
Próximos pasos
El decreto establece un plazo de 90 días para la disolución completa de estas instituciones y la transferencia de sus funciones a los organismos correspondientes. El Gobierno ha asegurado que se respetarán los derechos de los empleados afectados, quienes podrán optar por la reubicación en otras dependencias del Estado.
La eliminación de estas entidades es vista como una señal de compromiso del Ejecutivo con la reforma administrativa y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que forma parte del plan de gobierno de Abinader desde el inicio de su mandato.
Con esta acción, el Gobierno continúa su proceso de simplificación del Estado y apuesta por una estructura más dinámica y acorde a las necesidades actuales del país.
