CÓDIGO INFORMATIVO, REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrentará un juicio por su presunta participación en un intento de golpe de Estado destinado a impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia tras las elecciones de 2022.
El Tribunal Supremo de Brasil decidió por unanimidad procesar a Bolsonaro y a siete de sus colaboradores cercanos, acusados de delitos como intento de abolición violenta del Estado de derecho y conspiración para un golpe de Estado. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 43 años de prisión. 
Las acusaciones se basan en pruebas presentadas por la Fiscalía y en la colaboración de Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro. Según la investigación, el plan incluía acciones para evitar la investidura de Lula, como el asesinato del presidente electo y su vicepresidente, Geraldo Alckmin.
Estas revelaciones han generado una fuerte reacción en la sociedad brasileña, con sectores progresistas expresando alivio y satisfacción por el avance del proceso judicial.   
Bolsonaro ha negado las acusaciones, calificándolas de persecución política y argumentando que buscan impedir su participación en las elecciones de 2026. Sin embargo, ya ha sido inhabilitado políticamente hasta 2031 por el Tribunal Superior Electoral debido a sus intentos de socavar la confianza en el sistema de votación del país.  
Este juicio es histórico en Brasil, ya que es la primera vez que un expresidente y altos mandos militares enfrentan cargos por intento de golpe de Estado. La Fiscalía ha destacado el papel crucial de la cúpula militar que, al negarse a apoyar el golpe, evitó su éxito.
El proceso judicial será determinante para el futuro de la democracia en Brasil, y se espera que se desarrolle con rigor, respetando los derechos de defensa de los acusados. 
Además de este proceso, Bolsonaro enfrenta otras investigaciones, incluyendo acusaciones de fraude en registros de vacunación contra el COVID-19 y presunta malversación de joyas recibidas del gobierno saudí. Aunque algunas de estas investigaciones han sido desestimadas por falta de pruebas, el panorama legal del expresidente sigue siendo complejo y desafiante.
