CÓDIGO INFORMATIVO, REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Este viernes 10 de octubre de 2025, el Congreso de la República del Perú aprobó la vacancia de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, bajo el argumento de “incapacidad moral permanente”. La medida se adoptó con 122 votos a favor, superando con creces los 87 exigidos por la normativa constitucional para declarar la vacancia.
Boluarte no asistió al pleno para ejercer su derecho a la defensa a la hora citada, un hecho que fue criticado por varios congresistas como una falta de respeto al Parlamento. Tras el desenlace del debate parlamentario, se anunció que José Enrique Jerí Oré, presidente del Congreso, juró como mandatario interino en cumplimiento del mecanismo de sucesión constitucional.
Boluarte se convierte así en otra figura presidencial caída en medio de la persistente inestabilidad política peruana.
Contexto político y factores determinantes
Para entender el trasfondo de esta crisis, es necesario mirar el panorama político y social que ha caracterizado la presidencia de Dina Boluarte:
- Origen del mandato y legitimidad cuestionada
Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, después de la vacancia de su antecesor, Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. Desde el inicio, su gobierno transitó con un respaldo parlamentario que osciló y enfrentó múltiples cuestionamientos de gobernabilidad. - Crisis de aprobación y pérdida de apoyo político
Durante su gestión, Boluarte llegó a tener niveles de aprobación entre el 2 % y el 4 %, según diversas mediciones, ubicándola entre los líderes con menor respaldo popular del continente. Gran parte de su popularidad se erosionó por acusaciones de corrupción, escándalos como el llamado “Rolexgate” (por relojes de lujo vinculados a su persona), y señalamientos de enriquecimiento ilícito. - Violencia, inseguridad y protestas ciudadanas
El auge de la criminalidad se configuró como el talón de Aquiles del gobierno. El Congreso y la opinión pública apuntaron que Boluarte careció de liderazgo, coordinación institucional y eficacia para frenar el crecimiento de delitos graves.
Una serie de protestas, especialmente en 2025, exhibieron el malestar social y el desborde en la relación entre ciudadanía y Estado. Las movilizaciones de jóvenes (Gen Z) exigían reformas profundas y la salida de Boluarte como parte de un clamor creciente por cambios estructurales. - Parlamento y alianzas cambiantes
El Congreso peruano, con mayoría de fuerzas de centro-derecha y derechas conservadoras, fue una pieza clave. Políticamente, Boluarte había gobernado con el respaldo de bancadas congresales que luego se distanciaron cuando consideraron que su permanencia se volvía inviable políticamente.
El proceso de vacancia fue promovido por múltiples bancadas: Renovación Popular, Podemos Perú, la Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, entre otras.
Consecuencias políticas y escenario inmediato
- Gobierno de transición hasta elecciones
José Jerí asume como presidente interino hasta la celebración de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.
Dado que Boluarte no tenía vicepresidentes vigentes, el Congreso eligió al presidente del Legislativo para la sucesión. - Alta volatilidad política
Perú encadena un histórico de gobiernos de corta duración y crisis institucionales. En menos de una década, ha atravesado múltiples vacancias, mandatos interinos y protestas masivas. - Presión social y expectativas de reformas
La ciudadanía exige no solo reemplazos de figuras políticas, sino cambios profundos en justicia, combate a la corrupción, seguridad ciudadana y estructura institucional. - Desafíos de gobernabilidad para el interinato
Jerí deberá construir legitimidad con fuerza limitada, en un contexto polarizado, con pocos meses antes de las elecciones, y atender crisis urgentes como la inseguridad, la economía y los reclamos sociales.
Cierre
La vacancia de Dina Boluarte marca otro episodio de convulsión institucional en el Perú contemporáneo. El Congreso, respaldado por diversas bancadas, ha tomado una decisión drástica que refleja tanto el agotamiento del liderazgo presidencial como las tensiones crecientes entre los poderes del Estado y la sociedad. El camino hacia abril de 2026 se abre como un periodo clave para que el país defina si transita a una profunda transformación o se reitera el ciclo de crisis políticas.
