SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este martes por tercera vez el inicio del juicio de fondo contra los imputados en la denominada operación Coral.
Las juezas Gissel Méndez, Jisselle Naranjo y Tania Yunes fijaron la audiencia para el 22 de febrero a las 10:00 de la mañana, para que algunos acusados contraten nuevos abogados tras la renuncia de los togados para representarlos en el caso.
El tribunal decidió posponer el juicio a causa del abogado de la pastora Rossy Guzmán y de su hijo Tenner Flete, Héctor López Rodríguez, quien renunció a defenderlos.
En ese sentido, las magistradas les otorgaron el referido plazo para que contraten los servicios de un representante legal, tanto para ellos como para la entidad comercial que representan.
El primer aplazamiento se produjo a la razón de que cuatro imputados se presentaron sin abogados, entre ellos el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón y también la pastora evangélica Rossy Guzmán.
El segundo intento por iniciar el proceso judicial se aplazó para darles tiempo a los defensores públicos que estarán representando a Raúl Girón y Yehudy Guzmán a prepararse, debido a que tomaron el caso recientemente.
Se espera que para la próxima audiencia inicie el proceso que imputa, además de Guzmán, Flete y Giroñón al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre.
También al coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como los generales de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD).
Asimismo, al capitán de navío de la Armada, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón. También están Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
De acuerdo con el expediente acusatorio, que consta de más de 3,258 páginas, el entramado de corrupción operó en el Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mediante esquemas en las organizaciones que estafaron al estado dominicano en aproximadamente RD$4,000 millones.
